La Justicia Federal detuvo a la "mano derecha" del tucumano que se encuentra prófugo con pedido de captura internacional, en el marco de la investigación por la millonaria estafa a la sucursal santiagueña de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Ricardo Trotta fue capturado ayer, y ya son ocho los detenidos por la defraudación: cuatro empleados de la Anses (Graciela Saad, Luis César Cortez y el abogado Marcos Chazarreta) y cuatro beneficiarios de pensiones otorgadas a partir de matrimonios truchos con jubilados muertos. Ellos son los hermanos Celeste y Héctor Eduardo Lucatelli, Paola Conte (esposa del último) y Luis Villar (sería empleado de Héctor Lucatelli en un comercio ubicado al sur de la capital), informó el diario "El Liberal".
El juez federal Guillermo Molinari solicitó ayer colaboración nacional e internacional para detener al tucumano Luis Manuel Paz, segundo jefe de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) santiagueña, acusado de autorizar pensiones "truchas".
Trotta y Paz habrían sido los mandamases del sector de Cómputos y de Inicio de trámites de jubilación y pensión, donde estaría la matriz de corrupción que permitió otorgar decenas de pensiones derivadas de matrimonios de personas con jubilados muertos. Según los investigadores, ambos tenían una relación íntima de amistad, a tal punto que Trotta administraba la propiedad del tucumano hoy prófugo de la Justicia Federal.
Su función en el área Cómputos, al parecer, consistía en hacer las liquidaciones o puesta al pago de beneficios. Sin embargo los investigadores sospechan que también habría iniciado los trámites de pensiones para lo cual se habría valido de la clave de algunos compañeros, violando el reglamento interno.
Paz es oriundo de San Miguel de Tucumán y viene desempeñándose hace 11 años en esas funciones jerarquizadas, y los investigadores sospechan que manejaba una oficina paralela en el organismo nacional en la que varias personas se beneficiaron por el cobro de pensiones "truchas".
Para el otorgamiento de las pensiones, por montos que oscilaban entre los $ 12.000 y $ 29.000 pesos mensuales, se utilizaban actas de matrimonios falsas en las que jóvenes aparecían casadas con personas fallecidas, que eran elaboradas en oficinas de Registro Civil del interior provincial.